Un estudio de la Universidad de los Andes reveló que, en contextos con altos niveles de contrabando como el colombiano, incrementos significativos en el impuesto al consumo de cigarrillo pueden tener efectos contrarios a los esperados: menor recaudo fiscal, un crecimiento acelerado del mercado ilegal y mayores ingresos para organizaciones criminales.

El estudio ‘Impuestos al cigarrillo, contrabando, recaudo fiscal e ingresos del crimen organizado’, elaborado por el economista Daniel Mejía, profesor de la Facultad de Economía de Uniandes y exsecretario de Seguridad de Bogotá, analiza de forma integrada los efectos de la política tributaria sobre salud pública, finanzas territoriales y seguridad, tres dimensiones que usualmente se discuten por separado.

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 Los resultados de la investigación indican que el impuesto actual ya es el límite del umbral a partir del cual aumentar abruptamente la tarifa reduce el recaudo, sin lograr una disminución proporcional del consumo total, mientras impulsa el contrabando y fortalece financieramente a los grupos criminales que controlan este mercado ilegal. 

Este informe toca directamente a Norte de Santander, donde las trochas y el contrabando estructurado son el motor de las organizaciones armadas ilegales que delinquen en la frontera con el estado Táchira (Venezuela). 

Según las simulaciones del modelo, llevar el impuesto específico por cajetilla a niveles muy altos podría reducir el recaudo fiscal hasta en 75%, mientras la participación del mercado ilegal podría superar el 90% del mercado total, replicando experiencias observadas en otros países de la región como Ecuador. 

En paralelo, las rentas ilegales asociadas al contrabando aumentarían de forma sustancial. Según el estudio, parte del espacio fiscal que los entes territoriales pierden no desaparece, se transforma en rentas ilegales para las organizaciones criminales. 

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Mejía dio un ejemplo concreto en referencia a la tarifa que se propone en el proyecto de Ley de Rescate: “si el impuesto específico aumentara a un nivel de $11.200 por cajetilla, las rentas ilegales que perciben los grupos criminales aumentarían de manera sustancial, pasando de un nivel cercano a los $395.000 millones estimados bajo el nivel actual del impuesto, hasta un nivel superior a los $900.000 millones”.

El economista indicó que este efecto tiene implicaciones directas en seguridad, pues un mayor diferencial de precios entre cigarrillos legales e ilegales incrementa la rentabilidad del contrabando y, con ello, los ingresos de las redes criminales organizadas.

“En presencia de un mercado ilegal significativo y capacidades limitadas de control del contrabando, subir los impuestos a los cigarrillos legales no es una política efectiva, ni en materia de salud pública ni en términos de recaudo fiscal”, concluyó el economista.

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Implicaciones y recomendaciones 

El documento plantea una advertencia central para el diseño de política pública: los impuestos al tabaco no pueden diseñarse como si el mercado fuera 100% de consumo legal.

Ignorar el “canal ilegal” puede derivar en una triple pérdida: menos recaudo, menores recursos en salud pública y mayor fortalecimiento del crimen organizado. 

“Subir los impuestos a los cigarrillos puede ser deseable desde un punto de vista de salud pública, pero sólo es sostenible si se hace sin empujar el sistema hacia la parte descendente del recaudo y si se reduce simultáneamente la rentabilidad del negocio ilegal”, apuntó Mejía. 

El investigador recomienda:

• Evitar aumentos bruscos del impuesto, teniendo en cuenta que actualmente la tarifa se actualiza año a año.
• Ver la política tributaria y el control al contrabando como complementarias.
• Fortalecer las capacidades de control, persecución patrimonial y coordinación entre niveles de gobierno.
• Considerar los costos en seguridad por alzas tributarias desarticuladas.
• Proteger las finanzas territoriales dependientes del impuesto al cigarrillo.
• Reforzar medidas de salud pública, cuando el impuesto pierde eficacia ante el mercado ilegal.

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